Los Agentes Forestales de Madrid en pie de guerra
La función inspectora y de control que ostentaba el Cuerpo de Agentes Forestales de la Comunidad de Madrid se ha visto seriamente mermada tras la entrada en vigor de la Ley 3/2007, de 26 de julio, de Medidas Urgentes de Modernización del Gobierno y la Administración de la Comunidad de Madrid, publicada en el BOCM num. 179, de 30 de julio de 2007, cuyo artículo 9 señala literalmente:
“Los Agentes Forestales requerirán de autorización judicial para acceder a montes o terrenos forestales de titularidad privada, salvo que el acceso se produzca con ocasión de la extinción de incendios forestales.”
De esta manera, la Ley impide a los Agentes Forestales de Madrid actuar en aproximadamente un 75% DEL TOTAL DE LA SUPERFICIE DE LA REGIÓN, que es suelo forestal - agrícola y se encuentra en manos privadas. Más, si tenemos en cuenta, y así ha sido reconocido por la propia Fiscalía de Medio Ambiente de Madrid, que este Cuerpo ha impulsado en torno al 80% de los procedimientos por presuntos delitos contra el Medio Ambiente y la Ordenación del Territorio cometidos en esta Comunidad.
La exigencia autonómica de obtener, por parte de los Agentes Forestales una autorización judicial previa, para el acceso a los terrenos forestales privados, tropieza frontalmente con el marco constitucional establecido en el Art. 149. 1.23 CE, se excede en cuanto a las competencias asumidas mediante el Estatuto de Autonomía de Madrid (Art. 27 LO 3/1983, de 25 de febrero) y vulnera la Ley básica 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes y la Ley 10/2006 que la modifica.
Gradualmente el Cuerpo de Agentes Forestales de la Comunidad de Madrid ha visto recortadas sus funciones, al cederse buena parte de estas a empresas privadas mediante la contratación de asistencias técnicas y la externalización de servicios públicos. Después, intentando frenar la capacidad coercitiva de estos funcionarios públicos como agentes de la autoridad y de policía judicial, al impedir tanto el registro oficial de documentos en un inicio, como prohibiendo posteriormente, y mediante mandato interno, la presentación de atestados en los Juzgados, denunciando presuntos hechos delictivos. Y finalmente, tras la aprobación de esta Ley 3/2007, que anula de facto a este colectivo, desvirtuando así la seguridad jurídica que se venía protegiendo, controlando y exigiendo por este Cuerpo en los terrenos forestales de titularidad tanto pública como privada.
La entrada en vigor de esta Ley, suprime así sus funciones ordinarias de prevención (de incendios, por ejemplo), de control e inspección administrativa y de vigilancia ambiental y va a generar una absoluta inseguridad jurídica en tanto en cuanto no se obtenga la “autorización judicial”, que requerirá de un previo análisis y se resolverá de manera motivada por los Juzgados, lo que ralentizará y dificultará enormemente su labor, imposibilitándola en buena parte de los casos.
Ley 3/2007, de 26 de julio, de Medidas Urgentes de Modernización del Gobierno y la Administración de la Comunidad de Madrid, no solo limita el acceso a los agentes forestales a montes o terrenos forestales de titularidad privada, también deroga el artículo 6 de la ley 1/2002 de la propia Comunidad de Madrid. Este artículo otorga el carácter de agente de la autoridad y policía administrativa especial a los Agentes Forestales de la Comunidad de Madrid y es coherente con la reforma de la ley básica de Montes (Ley 10/2006), que establece, además, que dichos agentes podrán entrar libremente en cualquier momento y sin previo aviso, en los lugares sujetos a inspección, así como proceder a practicar cualquier diligencia de investigación, examen o prueba que consideren necesaria, y tomar muestras de sustancias y materiales, realizar mediciones, obtener fotografías… todo ello para realizar adecuadamente su labor, como agente de la autoridad, entre otras cosas para prevenir incendios forestales.
Esta ley vulnera tanto la CE, el Estatuto de Autonomía, la Ley de Montes 43/2003 y la Ley 10/2006 que la modifica, por este motivo el CUERPO DE AGENTES FORESTALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID solicita que se interponga RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD contra la misma ante el Tribunal Constitucional.
Xavi dijo
A mi me resulta muy esclarecedora la respuesta de Aguirre. Ahora veo claramente la intoxicacion de los sindicatos forestales. Dice Aguirre: ", para entrar legalmente en una propiedad privada, salvo en caso de flagrante delito o, como en el caso de los agentes forestales, para extinguir un incendio, deben solicitar una orden o mandamiento judicial".
Al igual que cualquier otro agente de la autoridad.
17 Agosto 2007 | 10:14 AM